jueves, 22 de enero de 2009

EL “GAUCHO” DEL SUROESTE

Oscar Andrés Sánchez A.

“Gaucho, gaucho, chúpelo, chúpelo. Oiga, hay lo llevo tostadito, de leche y mantequilla, de huevo nada; lleve el gaucho francés, quita las arrugas y cura la vejez; lleve el gaucho argentino, el que no me lo compra aquí, me lo compra en Frontino. Es que no oyen o están purgados, o será que no me han visto, o es que están pelaos. Chupe lo que chupo la reina de París, por debajo de la nariz; lo que chupó san Gregorio cuando iba para el purgatorio, lo que chupó San José y la Virgen cuando iban para Belén; chuparon ellos, por qué no chupa usted también (…)”


"Gaucho" recorriendo las calles y el parque del corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia.

Este es una de las estrofillas que utiliza Jorge Luís Muriel, “Gaucho”, para ofrecer un producto exclusivo en la región. La fórmula la tiene anotada un viejo cuaderno que guarda bajo llave en su casa; ni sus hijos la conocen. “Esto, -dice luego de tomar una muestra del grumoso dulce - lo producen pocas personas en Medellín, pero yo soy el único que lo ofrece blando y duro”.

Cuando se le pregunta por la receta, Jorge ríe, hace un silencio y menciona el ingrediente que todos conocen: “Esto está compuesto de azúcar y otras cosas que no es debido mencionarlas. Si mucha gente supiera hacerlo en la región, no tendría sentido, no vendería nada. El gaucho que yo vendo no se lo comen en ninguna otra parte”.

Jorge Luís, “Gaucho” no necesita megáfono, su vozarrón, aunque áspero, se escucha a dos cuadras de distancia. Es triguello, lleva un sombrero aguadeño y usa lentes. Su cabello es liso y se conserva negro, no así su barbilla. Tiene ojos y orejas protuberante y una minúscula deformación en la punta de su nariz. Viste de camisa manga corta ceñida al pantalón de paño y zapatos negros.

En su mano izquierda porta un viejo reloj de manilla plateada y un anillo que ocupa un cuarto de su dedo angular. En la parte derecha lleva colgada de su pretina un celular y el estuche de una navaja. Al lado izquierdo le cuelga un manojo de llaves (Seguro de los municipios por los que anda). Porta en su billetera los documentos de identidad, una cédula de 1956 expedida en el municipio de Concordia y una estampita de la Virgen del Carmen.

En cualquier municipio Suroeste antioqueño dan razón de él y de su producto, lo describe y parafrasea algunos de sus estribillos característicos. Cuando tarda, lo echan de menos. Jorge se demora un mes para caminarse esta región del departamento, y le alcanza para ir a Caucasia, Planeta Rica y recorrer dos veces el primer municipio del Sur del Área Metropolitana, Caldas.


Jorge Luís Muriel es una de los personajes más populares y sui generis del Suroeste antioqueño. Cualquier persona de la región puede dar cuenta de él.

Cuarenta años de su vida los ha consagrado a la venta de “gaucho” y aún hoy, a los setenta y cuatro años, continúa trasegando por infinidad de calles. Nadie conoce la región ni a sus pobladores como él. De igual manera, si llevara registro de los kilómetro que ha caminado, es probable que tuviera una página en el libro dorado del los Record Guiners. Sólo los descansa los viernes y las fiestas de guardar.

Camina a paso medio con una bandeja cuadrada de aluminio sobre su hombro izquierdo, y en la mano derecho lleva una mesilla portátil de madera, color amarillo, con un dulceabrigo apostado en la parte superior. En las esquinas se detienen, o donde lo paren, abre la mesilla, descarga su bandeja, y grita a todo pulmón, mientras se acercan adultos y niños.

“Gaucho, gaucho, chúpelo, chúpelo. Oiga, me compran o boto esto, o lo tiro para arriba, o me lo como yo mismo tostadito. Oiga, lo vendo barato para que lo chupe cada rato; meta la pata saque la plata, no coma cuento, coma gaucho. Oiga, y lo llevo tostadito, tirudito y tiecesito. Llegó modesto y acabó con esto, llegó María y acabó con lo que había, llegó Tomás y chupo más”.

Con una pinza metálica entrega en dulce en pedacitos del papel bond. Se consigue un pedazo desde $300 pesos, color blanco, verde, rosado o amarillo. Las barras, que miden aproximadamente 15 centímetros, cuestan 2 mil pesos. “Este dulce sabe muy rico sólo, con leche o con mazamorra”, comenta Gilma Bolívar, una señora de aproximadamente cincuenta años.

Este personaje ha acompañado al Suroeste en sus momentos de crisis y de bonanza en las últimas cuatro décadas. Varias generaciones han crecido escuchando sus recitales públicos y saboreando “gaucho”, como lo afirma Mariano Sánchez-: “Yo tengo 49 años y siempre he vivido en Bolombolo, y recuerdo que cuando era niño, “gaucho” deambula por este pueblo. Es un personaje típico”.

Jorge Luís Muriel, “gaucho” nació y creció en Concordia, un típico municipio antioqueño encumbrado en las montañas del Suroeste, de donde se divisa casi toda la subregión. Allí recibió los sacramentos y fue a la escuela, pero muy ligero tuvo que abandonarla para ayudar en su casa, una humilde familia cafetera. Fue ayudante de carro, albañil y panadero.

“Este producto se llama “gaucho”, por qué es de origen argentino, al menos eso me dijo don Miguel, un señor que lo producía y comercializaba en Andes. Yo empecé vendiéndole a él y cuanto se sintió viejo me dio la receta. A varios de mis diez hijos –todos con la señora que me dio la iglesia- los crié y les di estudio a punta de “gaucho”. Afirma Muriel.


La fórmula de su producto es un tesoro que "gaucho" guarda con recelo. Nadie la conoce y es único en la región.

A finales de la década de los 70 Jorge se mudó para Venecia, una tierra que apuntaba prosperidad. Según él, allí no es muy buena la venta: “No volví tampoco a Jericó, ni a Pueblo Rico, la venta es regular y no recuperaba los gastos. Me va bien en Ciudad Bolívar, Betania, Hispania, Salgar, Betulia, Urrao, Tarso; pero sobre todo en Caldas. Allí vendo 7 libras en un día.

Sobre la elaboración tampoco da muchos detalles: “Lo que me queda lo vuelvo a llevar al fogón para derretirlo y fusionarlo con una nueva producción en una olla grande de aluminio. Me tardo una hora para tener lista una zaca. Luego lo saco y lo estilo para darle los quiebres y la textura”, cuenta “gaucho.

Lo que si no es secreto es que es uno de los personajes más populares y particulares de todo el Suroeste Antioqueño por su aspecto, su estilo y su producto, como él mismo lo reconoce: “A mí me conoce toda la gente del Suroeste, en cada pueblo tengo donde comer y dormir”. “Este producto sólo lo vende este señor, nadie más tiene la fórmula”, asevera Gilberto Antonio Delgado, de 57 años y oriundo de la región.

El “gaucho” del Suroeste no es muy tanguero, y tampoco lo trasnocha Maradona, ni la pampa, ni Buenos Aires; pero si sueña con venderle a los argentinos el mejor y verdadero “gaucho” del mundo”.

BOLOMBOLO SOBRE LAS AGUAS

Por Oscar Andrés Sánchez A.
Reportaje Gráfico



Durante 2008 el país sintió la fuerza del agua. En el Suroeste el taponamiento de vías fue constante, al igual que los desbordamientos del río Cauca en La Pintada y Bolombolo. Este último fue afectado por dos oleadas invernales de las que apenas se recupera. A mediados de mayo, y casi hasta principios de julio, el río Cauca subió de nivel en repetidas ocasiones y se desbordó por la calles de los sectores de la parte baja afectando a casi 250 familias.



A principios de noviembre inició la segunda oleada invernal del año y se extendió hasta principios de diciembre de 2008. El 16 de noviembre se presentó la creciente más estrepitosa. El agua en algunas calles subió casi dos metros. Las turbias aguas alcanzaron la mayoría de los zarzos acondicionados por las personas para salvaguardar sus pertenencias, por lo que colchones, sillas, ropa, utensilios de cocina y electrodomésticos fueron arrastrados por la corriente.



















PIADOSO MIÉRCOLES

Oscar Andrés Sánchez A.
Julio de 2008

Son las 4:00 de la mañana. Es miércoles, Medellín duerme y se respira aire frío en el centro de la ciudad. Un taxi vacio cruza despacio la calle. Johana inicia la fila que horas más tarde tendrá otras 400 personas y bordeará las canchas de la Plaza Minorista. Caminó una hora desde el sector de Robledo-diamante. Su soledad termina con el arribo de una familia chocoana. “Madrugamos para que nos den más y mejor”, dice uno de ellos. El día despunta y los miembros de la Red Cívica Pro-donaciones Plaza Minorista se disponen a iniciar la jornada.

El miércoles es el día de quienes viven de la caridad de los comerciantes. La tradición viene desde El Pedrero, antigua plaza de mercado de Guayaquil, inaugurada en 1894 y principal abastecimiento de alimentos de la ciudad hasta la década del 70. “Los miércoles era el día más congestionado. Llegaban muchas personas a pedir y ninguno se iba con las manos vacías”, recuerda Horacio Álvarez, vicepresidente de Coomerca y comerciante desde hace 50 años.

Del Pedrero a la Minorista

Los comerciantes del Pedrero fueron reubicados en 1984 en la nueva Plaza Minorista y con ellos la tradición de “el miércoles de la caridad”. Para Horacio, los que “piden solidaridad” son víctimas de la desigualdad social: “Ellos vienen aquí porque somos solidarios, -la mayoría de nosotros procedemos de estratos bajos-, y no porque haya mucha comida, en los Éxito hay toneladas…”. Según el Ministerio de Agricultura, la Plaza recibe cerca de 15 mil toneladas mensuales y es la cuarta en el país en recepción de alimentos.

Hace dos siglos, el gobernador de la Provincia de Antioquia, Francisco Ayala, decretó que sólo el viernes se podía pedir y con la respectiva matrícula de pordiosero que se obtenía ante el alcalde. El historiador Juan Carlos Jurado, en el texto Vagos, pobre y mendigo (1750 – 1850), cita a un ciudadano de la época: “Quien creyera que en Medellín, un lugar pequeño, había de alimentar en su seno más de doscientos pordioseros. Ellos por todas partes nos (…) importunan y nos hacen faltar a unos de los más augustos preceptos de nuestra religión”.

Hoy, los datos sobre la cantidad de personas que piden en las calles de Medellín son poco fiables; pero éstas son cada vez más visibles. Todos los días, hasta los domingos, salen con sus costales y bolsas; pero el miércoles, llamado así por los romanos en honor a Mercurio, -mensajero de los dioses y dios de los mercaderes-, es el día de quienes subsisten gracias a la solidaridad y compromiso social de los pequeños comerciantes, de manera especial, los de la Plaza Minorista.

Un largo día

Johana lleva seis horas en la fila. Apoya su cuerpo sobre la malla de la cancha de micro de la Minorista. Detrás de ellas hay más de 300 personas esperando que empiecen a distribuir los comestibles. Unos cubren sus rostros con sus costales y algunas señoras abren sus coloridos paraguas para contener el sol inclemente. “Cuídeme el puesto, voy al baño”, le dice una señora a otra. Algunos intercambian palabras con sus vecinos de fila o miran el partido de los carretilleros de la Plaza, que apuestan lo que ganaron entre las 4 y 9 de la mañana.

John Atehortua, vocero de la Corporación Futuro Plaza, -integrada por jóvenes resocializados-, con radio en mano, coordina la actividad. Lo guarda por momentos en uno de sus bolsillos y ayuda a organizar los alimentos que los jóvenes han recogido en carretas dentro de la Plaza. Las mujeres se encargan de seleccionar las donaciones. El 90% por ciento del grupo han sido capacitados por el Sena en manipulación de alimentos. A las 11 de la mañana inicia la entrega de los fichos. Alguien intenta “colarse” en la fila, pero los demás lo impiden.

La donación organizada inició a principios de 2000. Antes, los alimentos se recogían y distribuían dentro de la Plaza, pero desde hace 3 años se entregan en la canchal contigua a la Plaza. “Los clientes manifestaban incomodidad por la falta de movilidad, muchos preferían no venir los miércoles. Pensando en la presentación de la Plaza y con el fin de hacer una distribución más equitativa, decidimos organizarla afuera. Cada miércoles aumenta la gente, esto es un termómetro real de pobreza”. Asevera Horacio, vicepresidente de Coomerca.

En el pasado también hubo un momento en el que la solidaridad se empezó a organizar. Según el historiador Jurado, durante los siglos XVIII y XIX, la caridad, que hasta entonces se apoyaba en sentimientos de piedad individual, se tornó metódica a través de las cofradías. El Estado también se encargó de instituciones de beneficencia, entendiendo ésta como una virtud secular apoyada “en el pragmatismo de la limosna selectiva y útil”.

Pedir dentro o esperar afuera


Algunas personas piden dentro de la Plaza y luego salen también a recibir la ayuda entregada por el Comité pro-donaciones.

Es medio día y hay aproximadamente 400 personas en la fila, la mayoría proveniente de barrios periféricos de la ciudad. Una desgarbada adolescente pasa cada media hora revisando los fichos. Los jóvenes traen la última carreta con alimentos; La fila se desorganiza un poco, todos quieren observar las raciones. John los llama al orden: “colaboren, organicen de nuevo la fila o no vamos a poder”. Entre los alimentos sobresale un montículo de metro y medio de papayuelas verdes. “No se preocupen que papaya hay para todos”, exclama una señora que capitanea la fila.

Algunas personas prefieren pedir dentro de la Plaza porque consideran que les va mejor, y aunque saben que no deben, salen y reciben las ayudas de la cancha. Lucelly es una de ellas, viene todos los miércoles desde Llanadas la Torre: “Cuando llegué de Dabeiba trabajaba en casas de familia, pero como eso se acabó, me dediqué a reciclar y a pedir. Los tenderos saben uno a que va, pero no falta el que dice “a la orden, o, trabaje, y yo contesto: Déme o consígamelo… Y con mucho gusto”.

Continúa Lucelly: “Los lunes iba a Bello, pero no volví por falta de pasajes; a veces voy a Villatina; Los martes y los viernes reciclo, el día más malo me hago 6, y los mejorcitos, hasta 20 mil; Algunos sábados voy a Tejelo, allá dan monedas; los miércoles vengo aquí desde hace tres años, siempre que tenga el pasaje. Me contaron que aquí daban mucho… no me puedo quejar, mire como llevo el costal. Me alcanza para comer con mi hijo de 10 años toda la semana”.

Lucelly sale de su casa a las 6:30, coge la ruta 091 y llega a La Minorista antes de las 8 de la mañana. Circula por los corredores de la Plaza sin molestar a ninguno de los clientes, deja su costal en un negocio donde la conocen, y allí va depositando lo que le regalan. Al inicio de la tarde se dirige a la cancha y le proporcionan huesos y frutas; su saco esta rebozado, le hace un nudo, lo sube con dificultad a sus hombros y sale por la puerta principal a la bahía de buses.

Según la Veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín, hay 6.913 personas habitando las calles de la ciudad. De ellas, el 50% encuentra su sustento a través de la mendicidad, las ventas o la prostitución, los demás se dedican a labores de reciclaje y oficios varios. Las dos terceras partes tienen entre 15 y 44 años; los menores de 12 años representan el 3% y los mayores de 50 años, el 15%; el 3.2% presenta discapacidad física o mental.

Pobre o “mantenido”

De acuerdo con John Atehortua, joven re-socializado y hoy coordinador del Red Cívica Pre-donaciones Plaza Minorista, algunas personas piden sin necesidad, pero su deber es ser solidario con todo el que se acerca a la fila: “Aquí hay mucho vivo, como en toda parte, piden varias veces y lo que recibe lo venden a otras personas, o en una tienda, y no llevan nada a sus hogares, sólo vienen a reparar y a decir que nosotros nos quedamos con lo mejor”.

Esa misma disyuntiva se presentó en Antioquia durante la Colonia y la Provincia. El gobernador Cayetano Buelta (1776-1782) diferenció entre vagabundos, obligados a pagar servicio militar o a trabajar en obras públicas, y los verdaderos pobres, “merecedores de limosna”. Los que daban limosnas a “ociosos”, eran multados, y los vagos y delincuentes, castigados. La ley también contemplaba que no daría licencia a quienes tuvieran familia con capacidad de sostenerlos.

Al comenzar la tarde llegan dos miembros de Creciendo con Futuro, del barrio 12 de octubre. Ésta corporación lleva un año atendiendo niños, ancianos y madres cabeza de hogar. La entrega ha iniciado y la fila empieza a moverse. Uno a uno van pasando al lado de las canastas donde reposan los alimentos, abren sus bolsas y costales y agradecen. Algunos retornan a la fila, hasta que los víveres escasean. La actividad se extiende hasta las 4 de la tarde.

“En parte le alcahueteamos al Estado, pues es su deber garantizar el bienestar de la población. Los comerciantes somos conscientes de que debemos regalar cosas buenas, para lo malo están las canecas de la basura. La Plaza le dio la oportunidad de trabajar a los jóvenes que antes delinquían aquí; hoy algunos de ellos organizan las ayudas para los necesitados. La Plaza no sólo beneficia las familias de sus diez mil trabajadores directos e indirectos, genera además, valores como la solidaridad”. Sostiene Horacio, vicepresidente de Coomerca.

Los niños y la mendicidad

Desde 1826, a través del decreto reglamentario del servicio de Policía de Medellín, se pusieron en vigencia políticas coloniales del control de la caridad. El mendigo que estuviera sin patente, sería llevado ante el alcalde y no se le permitían niños, ni siquiera lazarillos. Según cifras de la Alcaldía, hoy en las calles de Medellín 3430 niños piden limosna, y lo que reciben, pasa a manos de sus “tutores”. En Latinoamérica cuatro millones de niños se dedican a la mendicidad de acuerdo con la Unicef.

Para John Atehortua, las ayudas no se le debe negar rotundamente a los niños: “Cuando un niño llega a hacer la fila, me toca sacarlo por ley. Algunos me colaboran, voluntarios, y se les da algo para que lleven a sus casas. Los niños no deber ser explotados; pero hay casos en los que hay que ayudarles”. Hace una pausa, levanta la mirada y señala: “Ese que está allá organizando las sandías, es huérfano de padre, tiene varios hermanitos y su mamá está postrada en una cama. Su familia necesita esta ayuda”.


-Fotografías: Internet

PIRÁMIDES QUE VENTILAN

Oscar Andrés Sánchez A.
21 de Noviembre de 2008


En cuestión de horas el imperio DMG, que en tres años incrementó su patrimonio en un 2000%, se desmoronó. La entidad y su cabeza, David Murcia Guzmán, pasaron de la gloria al infierno, de tener una prometedora comercializadora a ser una organización delictiva perseguida por las autoridades. Ahora pocos los conocen.


Protesta de afectados por cierre de DMG el 05 de diciembre de 2008 en el Centro de Bogotá. Exigen la liberación de David Murcia Guzmán.

La millonaria estafa colectiva, cometida por los sagaces piramidistas contra los optimistas clientes, fue realizada de día, dentro de la “legalidad” (DMG tributó este año 5 millones de pesos), ante la mirada impotente de los entes de control financiero, los medios de comunicación y el presidente. Todos los advirtieron; pero las autoridades esperaban una ley que se estudiaba en el Congreso para regularlas, cuando ya existía desde hace quince años un decreto que prohibía la captación de dinero.

¿Será casualidad que se haya esperado a que la bola de nieve llegara hasta el final del abismo para tomar medidas?, ¿Si desde hace dos años aproximadamente los medios de comunicación al unísono venían alertando a los ahorrados e informando del cierre esporádico de estas captadoras, ¿por qué las autoridades no habían reaccionado?, ¿Será que los altos funcionarios y a los potentados no les interesaba accionar?

Los vínculos de DMG con organizaciones non santas ya se empezaron a conocer. En palabras del ministro Santos, Murcia Guzmán no es ninguna “hermanita de la caridad”; vivía en exorbitantes lujos a costa de las esperanzas de 300 mil colombianos que protestaban en varias ciudades por su captura y por la intervención a DMG (ese riesgo no lo querían asumir). Estaban los suficientemente adoctrinados con el discurso revolucionario del líder que pretendía reivindicar los derechos del pueblo.

Lo que aún se desconoce son las relaciones secretas entre DMG y miembros del alto gobierno, del congreso, autoridades militares y de policía, jueces, y demás órganos de vigilancia y control. Por unas grabaciones que se conocieron (vaya a saber como), Murcia pretendía sobornar en 2007 a algunos padres de la patria cuando se discutía el proyecto de ley que reglamentaba el uso de las tarjetas prepago, Prodigy Card en DMG.

El abogado De La Espriella, hasta hace un par de días apoderado de DMG y que prefirió renunciar al descubrir una doble contabilidad, le dijo en una entrevista a El Espectador que le extrañaba que el General Palomino hubiera dicho que DMG era una agrupación que carecía de ética y moral y que atentaba contra la dignidad colectiva, pero que esto no lo advirtió cuando esta captadora le donó, a petición de su esposa, anchetas para que le celebrara la navidad a 500 policías bachilleres.


Durante la audiencia del 8 de enero de 2009 los principales socios de David, Pabón y Ángel, se sometieron a condena anticipada y aceptaron cargos por captación ilegal de dinero y lavado de activos. Esto complica más las cosas para el imperio DMG.

De La Espriella dijo también que muchos miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares, funcionarios comunes y altos del gobierno, de la DIAN y otras entidades estatales son clientes de DMG; que reconocidísimos abogados han trabajado para ella y no descartó que hasta algún ministro sea inversionista. Aunque no es ético por la dudosa legalidad de DMG, como particulares estaban en su derecho de hacerlo. Lo que no se sabe aún es si alguno de los anteriores es accionista o socio.

Así las cosas, a nadie le convenía el desplome de DMG. Esta pirámide ya se había echado al bolsillo la voluntad de fiscales, policías, políticos y funcionarios; que incluso no tenían que hacer las largas filas sino que tenían atención preferencial. Cómo no blindarla y detener las investigaciones legales y policiales. Pero el gobierno, poniendo en riesgo su popularidad, en pleno contexto de referendo, pudo más que cualquier cosa y encendió el ventilador que debe tener con espasmo a más de uno. ¿Quién tuvo vínculos o hizo negocios con David Murcia Guzmán? “No, yo no lo conozco”. Y cantó el gallo.

sábado, 17 de enero de 2009

ALMUERZOS A 300 PESOS

Oscar Andrés Sánchez A.

“Hermanita, sólo tengo 200 pesos”. –“Escúlquese un poquito, es que usted siempre me los queda debiendo. Con esa ayuda es que ajustamos a veces estos almuerzos”, le contesta una de las Hermanas koreanas encargada del Centro de Acogida, Volver a Vivir. El hombre joven se rebluja todos sus bolsillos, pero no encuentra sino unos papelillos. La Hermana se sonríe y le dice: “Bueno. Tenga su ficho, otro día me los trae.


En Caldas, sur del Área Metropolitana, existe una obra social donde los usuarios, habitantes de la calle, dan una contribución simbólica por su comida.

A las 12:00 del día empiezan a arribar decenas de personas al Centro de Acogida. Entregan la simbólica contribución de $300 pesos y reciben un ficho con el que reciben un almuerzo, jugo y un dulce de chocolate de postre. Volver a Vivir está ubicado en el sector de La Inmaculada, Caldas, y es coordinado por las Hermanas Misioneras de Jesús, una comunidad que se originó en Corea del Sur y que recibió aprobación como comunidad religiosa en la Diócesis de Caldas.

Legado Diocesano

Desde los inicios de la Diócesis de Caldas en 1988, a Monseñor Germán García Isaza lo asaltó el deseo de organizar la caridad, como lo había logrado en 1617 Vicente de Paúl con la primera Confraternidad de la Caridad en Châtillon (Francia) y en 1633 con las Hermanas de la Caridad (vicentinas). Monseñor fundó en la Diócesis las Centrales Católicas y quiso además fundar el Centro de Acogida, Volver a Vivir, para atender directamente y de manera constante a los más desprotegidos.

A principios de 2001 volver a Vivir empezó a funcionar como albergue de personas marginadas, desplazadas y necesitadas y era coordinado por laicos comprometidos. Cuando recibió el nombramiento como obispo de Apartadó, Monseñor Germán quiso dejar esta obra en buenas manos y encargó Volver a Vivir a las Hermanas Misioneras de Jesús, la misma comunidad que en 1998 había acogido y aprobado. Las Hermanas respondieron al llamado de su obispo y asumieron esta misión.

De Corea del Sur a América Latina

Tres koreanas, entre ellas Verónica y Escolástica Ryu, dejaron sus profesiones, familias y su ciudad natal, Daegu, la tercera más poblada de Corea del Sur (2.480.578 hab) y decidieron convertirse en misioneras. Estuvieron en Santa Helena (Quito) y llegaron a Colombia en 1998. Monseñor García Isaza las acogió y ahora son la única comunidad en Colombia y en el mundo. Esta compuesta por tres hermanas sur coreanas, una ecuatoriana y otra colombiana.


Las hermas surcoreanas que orientan la obra dejaron sus profesiones en su país de origen por dedicarse a la misión en América Latina.

“Desde mayo de 2002, por encargo de monseñor Germán, coordinamos Volver a Vivir que vive de la caridad, pero que ya no funciona como albergue sino como comedor y presta servicios de salud, alimentación, higiene, capacitación y acogida a desplazados de paso. Monseñor había conseguido una ayuda de Italia, pero este fondo se ha acabó y debemos acudir todos los días con algunos voluntarios a pedir en legumbrerías, tiendas y carnicerías. Algunos amigos coreanos también me ayudan”

Continúa sor Escolástica, la Hermana Madre: “Con lo que recogemos, y con el pequeño aporte que dan los beneficiarios, alcanza para hacer un promedio de 70 almuerzos diarios. En ocasiones nuestra lacena se ha visto escasa de alimentos; pero Dios cada día va proveyendo. Los platos, las cucharas y lo demás que aquí existe se debe a la ayuda de benefactores y de la Diócesis de Caldas. Incluso, esta casa, que antes pertenecía a Locería Colombiana”.

El almuerzo especial

Seis personas voluntarias ayudan a las hermanas desde las 7 de la mañana. Recolectan los comestibles, los separan, los preparan, los sirven y al final dejan todo en orden. Esta labor se extiende hasta las 3 de la tarde. “Yo colaboro aquí desde hace 7 años. Tratamos de hacer buenos almuerzos, eso sí, dependiendo lo que haya. No todas las personas son constantes, siempre veo caras nuevas. El día que más gente viene es el sábado porque hacemos el almuerzo especial: bandeja paisa con chicharrón. Es el día en que fijo hay carne” comenta Luz Dary Muñoz, una de las voluntarias.


Los habitantes de la calle del municipio de Caldas cuentas con un hogar donde se comparte la caridad y las esperanzas de una vida droga ni alcohol.

Las personas que acuden a este Centro viven casi en la miseria. Algunos son habitantes de calle y tienen problemas de adicción. Deambulan por las calles de Caldas, se bañan en las quebradas, mendigan, reciclan, venden artesanías, y al mediodía caminan hasta Volver a Vivir. Jorge León Pino y María Helena Corrales, son pareja hace dos meses y duermen al frente de Carulla. Él es de Calazan y ella de Caldas. Ella hace dos meses abandono la casa donde vivía con su hija, su yerno y dos nietos. “Yo vivo muy aburrida en la calle. Ojalá mi hija me vuelva a dar otra oportunidad”, dice. “Este es un servicio muy bueno para nosotros tan necesitados. A veces es lo único que comemos en todo el día”. Afirma Jorge.

LA NUEVA EPS: SALUD O MERCADO

Oscar Andrés Sánchez A
Juan Diego Restrepo
Ronald Castañeda



Con la Nueva EPS inicia una nueva era para la salud de los colombianos. Ya existen cuestionamientos sobre su servicio.

Johana se encuentra en la habitación 207 de la sala de Cuidados Especiales de la Clínica Las Américas. No es de estrato alto, como la mayoría de sus acompañantes; está afiliada al Seguro Social (hoy Nueva EPS). Su madre, Alba, luego de interponer una tutela contra la EPS, logró que a su hija la operaran de una lesión quística cerebral.

En mayo de 2006, después de sufrir la primera convulsión, el Seguro le diagnosticó epilepsia. Las recaídas continuaron y esta vez un médico indicó que Johana quería llamar la atención y la remitió al psiquiatra y éste, al psicólogo. Las convulsiones y la angustia de sus padres continuaron.

A finales de mayo fue llevada de nuevo a la clínica León XIII. Allí le practicaron un TAC simple y le descubrieron el quiste. La resonancia magnética que necesitaba se la hicieron en septiembre mediante tutela. A este mecanismo tuvieron que recurrir de nuevo porque en clínica no había anestesiólogos. Después de un arduo trabajo Alba Quintero consiguió que su hija fuera intervenida en Las Américas.

A rey muerto…

El primero de agosto de 2008 dos millones 484 mil colombianos afiliados al Seguro Social empezaron a recibir atención por una nueva empresa prestadora de salud llamada Nueva EPS. Luego de casi 60 años de funcionamiento del ISS ocurrió lo esperado, su deceso.

La corrupción y el clientelismo la liquidaron paulatinamente, sin mucho dolor y ante la mirada impotente de sus afiliados. Según Álvaro Pérez, gerente de la Nueva EPS, Regional Noroccidente, “las dinámicas de la administración respondieron a cuotas políticas provocando altos niveles de corrupción. Esa es la forma de operar de las entidades del sector público, y en menor escala en el privado.

La Nueva EPS es una entidad anónima conformada por seís cajas de compensación familiar, de capital privado social y que tienen mayoría accionaria. Ellas son Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfandi, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle. También cuenta con inversión de la aseguradora Previsora Vida, empresa estatal y comercial del Estado del orden nacional.


Imágen corporativa de la Nueva EPS. El Seguro Social no fue para siempre.

La Nueva EPS cuenta con 140 empleados encargados de la parte administrativa en la regional noroccidente de Medellín, entre los cuales hay un grupo especial para atender quejas y raclamos. Los demás municipios de Antioquia son atendidos por cada uno de los hospitales, Empresas Sociales del Estado, ESE. Además, no cuenta con IPS propias sino que las contrata.

“Las condiciones de atención son mejores hoy que cuando operaba el ISS. Los usuarios de alto costo no tienen porqué preocuparse; algunos usuarios incluso están recibiendo medicamentos que no tenían desde hace dos años. Las cajas de compensación son las mejores operadoras del mercado porque tienen la experiencia y la logística”. Asegura Pérez, y agrega que “La Nueva EPS recibe diariamente en la regional un promedio de siete tutelas por medicamentos, antes llegaba a 40.”

Pero no todos el color rosa. Continúan presentándose demoras en la remisión de pacientes de alto costo en la atención. Aunque la Nueva EPS amplió su red, los usuarios acceden con dificultades a la atención dado el grave problema de déficit de camas y de especialistas que hay en la ciudad. “El paciente piensa que es por culpa de la EPS pero no es así. Hay la necesidad de ampliar infraestructura pero el Gobierno no lo va a hacer”. Afirmo Pérez.

El problema es grave porque el mercado no suple esas necesidades, evidenciando que el sector privado no responde a los requerimientos de los ciudadanos sino del negocio. Hay un déficit de 1400 camas según la Nueva EPS, y la falta de especialistas encarece los costos de hospitalización. En otras palabras, el sistema se acomodó en su administración, pero las consecuencias reales para los pacientes, como la atención en niveles especializados, sigue siendo insuficiente.

Para Germán Reyes, Representante a la Cámara y experto en temas de salud, es beneficioso que la mayoría de los pacientes que pertenecían al antiguo ISS sigan agrupados en la Nueva EPS, especialmente los que son de alto costo y que representan el 40% del total, para que juntos puedan presionar al sistema.

Germán Reyes, Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, en uno de los congresistas con posiciones más críticas frente al sistema de salud en Colombia

Calidad o rentabilidad

La ley 100 de 1993 (presentada por el entonces congresista Álvaro Uribe Vélez) posibilitó que la prestación de los servicios de salud pudiera ser ejecutada por particulares a través del régimen contributivo; mientras que los sectores como menos poder adquisitivo quedaron a cargo de las instituciones públicas a través del régimen subsidiado.

Para Peters Guy, en el texto La política de la burocracia, cuatro problemas incentivaron la mercantilización de lo servicios públicos a mediados de los ochenta: la escasez real de recursos por parte del sector público; cierta reacción ciudadana contra la administración y la burocratización del Estado; la naturaleza cada vez más centrífuga del gobierno y su estrecha relación con el sector privado; y las presiones a los estados de las organizaciones internacionales y el sector privado.

Según el constitucionalista de la Universidad Nacional, Albeiro Pulgarín, la “huída del derecho administrativo” se dio con la implementación del neoliberalismo y la globalización a la administración pública fueron allanadas en la Carta Política de 1991, pues permitió que el sector privado interviniera y negociara con los servicios públicos. La administración pública en Colombia dio un giro sistemático caracterizado por una legislación aperturista que introdujo criterios del mercado regulado a través de la descentralización y el ajuste fiscal de los entes territoriales.

Por otra parte, Edgar Varela, profesor de la facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, considera en su obra “La mercantilización de lo Público” que hasta economistas institucionalistas reconvertidos como Salomón Kalmanovitz niegan la posibilidad de que el neoliberalismo sea una política pública en Colombia, pues en las últimas dos décadas el tamaño del Estado se ha incrementado, contrariando uno de los principios del neoliberalismo.

Las medidas que se han aplicado a la salud pública en los últimos gobiernos, en lugar de mejorarla, la han encarecido. La base de la actual tragedia de la salud colombiana se encuentra en la Constitución Política de 1991, precedida por la ley de Descentralización Administrativa de los gobiernos de Betancur y Barco. Con Gaviria se inició la “Apertura económica”, con la que se profundizó la política de privatizaciones.


Todo parece indicar la Nueva EPS tiene las mismas falencias del extinto Seguro Social. Se cambio todo para que todo siguiera igual.

De igual manera, en la actual Constitución se evaporó el concepto de salud pública, -herramienta para prevenir las enfermedades y minimizar su impacto social y económico-, quitándole la responsabilidad al Estado de velar por la salud de la sociedad. De igual forma, la salud como derecho ciudadano es reemplazado por el de aseguramiento, es decir derecho a comprar o recibir servicios de salud.

Otro aspecto es el eufemístico copago, que no es otra cosa que la entrega de dinero por un servicio que se supone es gratuito. Para unos es una forma de desalentar al usuario para que no recurra mucho a su aseguradora. Otros piensan por el contrario que es una contribución simbólica sujeta al nivel económico que ayuda a financiar la salud de los menos favorecidos.

El artículo 48 de la Carta Política reza que la seguridad social está sujeta al principio ambiguo de eficiencia, que desde la perspectiva de la salud significaría capacidad terapéutica y preventiva del sistema, pero desde el punto de vista de empresa privada, significa capacidad óptima de reproducir el capital. La ley 100 de 1993 deja a un lado el Estado de bienestar y concibe políticas caritativistas que garantizan el negocio de los particulares que manejan dineros públicos con criterio privado.

Para el congresista Germán Reyes las EPS manejan el sistema negando servicios. “Por eso son las quejas de los usuarios por trámites o porque les niegan los recursos que el sistema les entregó. El estado les entrega el dinero y ellos, (las EPS) niegan el servicio. El modelo de salud basado en el aseguramiento favorece a los intermediarios que se quedan con el 25% del dinero que circula por concepto de salud, lo que representa 5 billones de pesos para las EPS con los que se podría mejorar la calidad de la salud”.

El modelo propuesto por la ley 100 se ha sostenido a expensas de la limitación en la entrega de medicamentos; la obstrucción al flujo de recursos a los prestadores (hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico) y el estímulo de la tutela para entregar medicamentos de alto costo, pues por esta vía reciben el 90% de su precio estipulado por la ley. Según el profesor Varela Barrios, la cobertura de salud en Colombia ha mejorado pero no logró los fines que inspiraron la ley 100.


Protestas en Bogotá contra la Nueva EPS en Junio de 2008. El general Palomino trató de concertar con los manifestantes. (Foto El Espectador)

Recientemente un fallo de la Corte ordena a las empresas prestadoras entregar los medicamentos que no se encuentren dentro del POS sin necesidad de presentar una acción de tutela. La ley 100 calculó los costos médicos con el objetivo de proporcionar a las empresas prestatarias un punto de equilibrio o ganancia media. De igual manera creo un innecesario esquema de intermediación financiera a través de las EPS, y estas a su vez contratan servicio medico y/o hospitalario de carácter privado a través de IPS.

Para Reyes la salud pública podría mejorar, pero con otro gobierno. Además, afirma que existen herramientas legales que deben ser difundidas, como el fallo de la Corte Constitucional en la sentencia 760 que reafirma que la salud como derecho fundamental y le exige al Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, y a las EPS que presten los servicios ordenados por la ley.

El servicio de la salud sigue perdiendo el examen por cuenta de los criterios privados. No atienden ciudadanos sino clientes, regulados por las reglas del mercado, la oferta y la demanda. Como la mayoría de las grandes empresas del país, está cada vez más en manos de intereses particulares. La política económica que se ha aplicado al sistema de salud con la liquidación del Seguro Social y la creación de la Nueva EPS continúa dejando en entredicho si la salud es un derecho fundamental universal o un privilegio limitado.

Imágenes: Internet

jueves, 15 de enero de 2009

LOS SIN TIERRA DEL SUROESTE

Oscar Andrés Sánchez A.
Febrero de 2008

Es común pensar que sólo existe guerra en los países del Medio Oriente, en África o en la Franja de Gaza donde, como se ve a través de la televisión, los estallidos en sitios públicos son usuales, y millones de personas han tenido que refugiarse en otros países. Aunque en condiciones diferentes, el caso colombiano no es nada alentador. Ocupamos el segundo lugar en desplazamiento interno en el mundo.


Miles de ciudadanos han tenido que salir de sus tierras por represalias de actores armados ilegales. Muchos pasan de ser campesinos a mendigos de la ciudades colombianas.

El Suroeste antioqueño no es ajeno a la realidad histórica del campo colombiano, caracterizada desde la Colonia por la alta concentración de la tierra. Esta problemática provocó el surgimiento de los movimientos obreros de principios del siglo xx y la agudización del actual conflicto armado.Los intentos de una reforma agraria en Colombia, desde la ley 200 de 1936 hasta 160 de 1994, se han visto truncados por la oposición de los latifundistas y las élites gobernantes, que han defendido sus intereses y los de los inversionistas extranjeros, en detrimento de los sectores rurales menos favorecidos.

Hace un par de semanas se conmemoró el día mundial del refugiado, es decir, de los que han tenido que cruzar sus fronteras. En Colombia, los medios de comunicación dieron diversas cifras que reflejan la magnitud del desplazamiento interno, oportunidad propicia para reivindicar los derechos de los desplazados por el conflicto interno, revictimizados por la sociedad y tratados como “bandidos, pobres o indigentes”.

Según la Acnur (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), después de Sudán (con cinco millones), Colombia, (con tres, 23% del total), es el país con más desplazados. Las cifras del Sistema Único de Registro de Acción Social (oficiales) no llegan a dos millones. Para la ONG Codhes, entre 1985 y 2006 fueron desplazadas 3,8 millones de personas, de las cuales, el 53% corresponde a mujeres y el 54% son niños menores de 18 años.

El Incoder, encargado de adjudicar tierras a los desplazados, resulta ser un botín político del cual disfrutan algunos congresistas; y las ayudas dadas por el Estado, fuera de ser miserables, se restringen cada vez más. En efecto, el Plan de Desarrollo aprobado recientemente no prevé los recursos suficientes y se limita a subsidios que el gobernante puede distribuir como favores y no como derechos. En Medellín Acción Social rechaza el 40% de las solicitudes por “extemporaneidad e inconsistencia de datos” para los deplorables subsidios.

Centenares de desplazados no se acercan a las oficinas de registro del Estado. Muchos temen denunciar y prefieren buscar las periferias de las ciudades o, con un letrero sobre su cuello, ocupar con toda su familia una esquina o un semáforo, solicitando ayuda, o abordar un bus, luego del sermón del conductor, para vender golosinas. Y lo peor, muchos son vistos como una amenaza, pues para muchos, “algo habrán hecho”. Esta situación los revictimiza.


Las cifras oficiales sobre el número de desplazados en Colombia haN sido cuestionadas por varias ONGs. Muchas de estas personas ni si quiera se registran.


De acuerdo con la Red de Solidaridad Social, entre 1995 y 2003 se registraron 7888 desplazados en el Suroeste. En los municipios que conforman nuestra diócesis se reportaron 1200, siendo los municipios más afectados, Caldas (con 544), Santa Bárbara (436), Angelópolis (115) y Montebello (73). Estas cifras aumentarían si se sumaran todas las víctimas que dejó la reciente invasión paramilitar que obligó a muchas personas a salir de sus municipios.

Mientras las víctimas del conflicto son relegadas al ostracismo social, los victimarios reciben toda clase de prebendas. A Granda, casi se le arrodilla el gobierno para que abandonará las rejas y aceptara ser embajador de la paz (con esto último no se pudo); y ahora anda de asueto en Cuba, mientras que los secuestrados continúan en la selva y los desplazados en la ignominia. Los beneficios legales para los factores reales de poder son injustificables si no se ayuda a las víctimas.

Cada uno de los 36 mil reinsertados recibe 340 mil pesos mensuales, además de algún apoyo para educarse y conseguir trabajo. Pero los dos millones de desplazados que reconoce el gobierno o los tres millones que reporta la ONU, tienen que arreglárselas con nada o con los mismos subsidios que recibe cualquier persona pobre -es decir que no reciben nada por el hecho de ser víctimas. La actual política se seguridad democrática es ineficiente para la alcanzar la verdad, la justicia y la reparación.

Fuera ser condenados a vivir en la pobreza y sin reparación, los desplazados son víctimas de la mayor impunidad. Según Julio Roberto Meier, representante en Colombia de la Acnur, entre 2004 y 2006 sólo hubo una condena por cada cuatro mil desplazamientos. Para la antropóloga y politóloga Gloria Naranjo Giraldo, el desplazamiento es un fenómeno que combina éxodos familiares e individuales, silenciosos y no visibles; huidas temporales y retornos azarosos o abandono definitivo de los lugares de origen y residencia.


Los niños son quienes más sufren las consecuencias del conflicto que ni siquiera comprenden. Sus estudios y sus sueños se ven truncados.


Las causas del desplazamiento forzado son diversas: las presiones por la tierra; el afán de grupos armados en controlar corredores estratégicos; los intereses de diversos grupos por apropiarse de zonas ricas en metales preciosos, productos energéticos o cultivos de alucinógenos. Los intereses particulares se confunden con los asuntos de la guerra pública sin que sea posible establecer una línea diferencial entre lo político - militar y lo privado.

Luego de que la ONU publicara recientemente las cifras ya mencionadas, Hill Frelick, Director de Políticas para los Refugiados de Human Rights Watch dio a la BBC la siguiente declaración: "Espero que la gente vea a los seres humanos ante todo como seres humanos con derechos, y eso es universal. Todos sangramos de color rojo. Tenemos que reconocer que el sufrimiento es universal y que cualquiera podría en algún momento convertirse en una víctima".

Según el DANE, el 13% de las fincas colombianas posee el 73% de la tierra, de la cual sólo se destina a la actividad agrícola un 9.5%, mientras un 46% de las fincas (las de menor tamaño) poseen un 3.2% de la tierra, de las que el 38.6% son dedicadas al cultivo; el 53% del total de la tierra registrada, es decir casi 44 millones de hectáreas, está concentrada en 2.428 terratenientes.

Los desplazados no han salido de sus tierras por capricho. No son indigentes ni deben suscitar sentimientos de lástimas a la sociedad o al Estado. Claman porque se les reconozca sus derechos y se le repara su condición de víctima del conflicto que el Estado no ha podido o no ha querido detener.


-Fotografías: Internet

VIENTOS DE SEDICIÓN

Oscar Andrés Sánchez A.
Mayo de 2007

“Las sediciones, dice Bacon, son como las tempestades, se producen justamente cuando menos se las espera, en la mayor de las calmas, en periodos de equilibrio o equinoccio. En esos momentos de igualdad y calma es perfectamente posible que algo esté tramándose o, mejor, naciendo, hinchándose como una tempestad”. Michel Foulcault

“Mano dura con la guerrilla” y “Cascos azules a la colombiana”, fueron las frases que elevaron la aceptación popular en el 2002 del entonces presidenciable menos opcionado, Álvaro Uribe Vélez. Las denuncias sobre el apoyo de las AUC a esta campaña no se hicieron esperar, pero la atención de la opinión pública se concentraba en las Farc, recién arrojadas del Paraíso por Pastrana. En campaña, Uribe se refirió poco a los paramilitares; pero una vez en el poder, inició un proceso de desmovilización sin precedentes que desataría una ventisca de denuncias.


Francis Bancon, (enero de 1561 – abril de 1626), conocido también como barón de Verulam. Fue vizconde de San Albano, canciller de Inglaterra y célebre filósofo.

Cualquier personan con sentido pensaría que la bochornosa parapolítica desataría una sedición contra la institucionalidad; pero aquí sólo truena. A principios del XVII, Francis Bacon, escribía que la sedición era un fenómeno natural e inmanente a la vida de la res pública. En Colombia son habituales cada cuatro años los vientos de sedición; pero sólo una vez en la historia republicana ha sido imparable la tormenta. Hace poco se conmemoraron los 50 años del golpe de opinión que obligó a rojas a dejar la presidencia que se había tomado por la fuerza en 1953. Eso hace que no hay ciclón en el país.

Las críticas a las “desmovilización” de los paramilitares y benévola Ley de Justicia y Paz, recurrentes durante el primer gobierno de Uribe, no son equiparables con lo que ha ocurrido a partir del 2006. Primero el computador de Jorge 40, luego la publicación del Acuerdo de Ralito, en el que 32 prestantes sujetos apoyaron el proyecto paramilitar de “Refundar la Patria y firmar un nuevo Contranto Social”, la detención de 13 congresistas, las acusaciones argumentadas de Petro y las recientes develamientos de Mancuso, son claras señales de la tormenta que se avecina y que muchos quieren atajar.

Siguiendo al barón de Verulam, (1561-1626), filósofo, estadista inglés, y uno de los precursores del pensamiento científico moderno, los signos que vienen desde abajo y que anuncian la sedición, se evidencian actualmente en el país. Pero hay fuerte elemento que el mismo personaje retoma, y que hace imposible que la sedición llegue a feliz término y que la aceptación del presidente continúe galopando cerca de 80%. Y es que el embrujo continúa y no parecer haber contubernio que lo disperse. No por el momento.

Los libelos, panfletos, y discursos contra quienes gobiernan son el pan nuestro de cada día. Abundan las publicaciones sobre los nexos de los Uribe Vélez con los paramilitares; Petro hizo un debate público desde el Congreso sobre esta situación. “Uribe paraco, el pueblo está verrado” es una de las consignas preferidas en los mítines. Aunque aún no hay prueban contundentes sobre estas afirmaciones, no dudo mucho que pronto haga parte de este “ventilador”; pero aún no ha llegado la hora de este mediático personaje.

En Un Pasquín, Mancuso adelantó lo que sería una de las revelaciones más explosivas en lo que va de este proceso. Es más fácil decir, quién no salió salpicado en las recientes declaraciones del ex jefe paramilitar, en su reciente versión libre ante la Fiscalía. Militares, empresas, políticos, dirigentes y la sociedad en general, tiene responsabilidad por acción u omisión en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por este grupo ilegal en las dos últimas décadas, bajo el pretexto de suplir la debilidad del estado y defender a la población de la subversión.

Por otro lado, y como signo de sedición, todo lo que hace o deja de hacer o decir el gobierno, es tomado a mal por la oposición y por quienes ahora desean que se conozca toda la verdad y que perciben una profunda crisis de legitimidad en las instituciones democráticas del Estado. Si Uribe sale a defender a sus amigos detenidos o señalados, es un emcubridor, y si no lo hace, un irresponsable. Si no le da la cara a los medios, un cobarde que deja que el silencio hable, y si sale a dar inmediatas declaraciones, un soberbio que no evalúa el alcance de sus palabras.

Bacon también hace referencia a unos signos de sedición que vienen desde lo alto. Gran número de las últimas apariciones en público del Jefe de Estado, han sido para corregir o aclarar afirmaciones sus ministros o de su lenguaraz vice, “pachito Santos”. Este último personaje parece por momentos estar actuando bajo sus propios intereses. Sus declaraciones siempre causan revuelo. O es muy soberbio o muy estúpido, o quiere figurar políticamente para fortalecer una futura candidatura a la presidencia. Hace poco este simpático personaje dijo en el Congreso que otros 40 legisladores serían vinculados con la parapolítica y que las relaciones con EU se replantearían si este país no aprobaba el TLC. Palabra insensatas de peso mayor.

Parece que en Colombia, los signos de sedición no son amenaza real ni para el Estado, ni para el gobierno y todo parece indicar que hace falta una unión, en términos de Bacon, del pueblo y los grandes, es decir los empresarios, políticos y pueblo. Realmente si están unidos, pero en defensa del gobierno. En el país, parafraseando al profesor Alejo Vargas, sigue primando la lógica de la seguridad sobre la del bienestar, y por esto gran parte de la población permanece indiferente. Es más, en la última encuesta que publico Semana sobre el proceso de la parapolítica, los colombianos aún no condenan decididamente el accionar de los paramilitares. Uribe parece que no ha dejado de rezar el salmo 91 y su aura mesiánica la conserva para rato.

TORMENTA DIPLOMÁTICA ENTRE VECINOS

Oscar Andrés Sánchez A.



La primera semana del mes de marzo de 2008 será recordada en la historia política e internacional latinoamericana por la crisis diplomática sin antecedentes suscitada entre Colombia, Ecuador, Venezuela y, en cierta medida con Nicaragua; luego de que las fuerzas militares colombianas efectuaran la “operación fénix” el pasado primero de marzo un operativo en territorio ecuatoriano, en la zona de frontera, que terminó con la caída del miembro del estado mayor de la Farc, alias “Raúl Reyes”. Este hecho fue el archiduque de Austria, el detonante para que el gobierno ecuatoriano intentara resarcir su inconformismo con el glifosato, el venezolano su exclusión en la mediación oficial en el intercambio humanitario, y Ortega mostrara su inconformismo con el litigio limítrofe actual.

Luis Edgar Devia, alias “Raúl Reyes”, era autóctono de la Plata, Huila. Nació rodeado de la violencia desatada en 1948. Terminó su secundaria y luego de ser concejal de su municipio se convirtió en un activista político en el Caquetá, donde ejecutó acciones como la voladura de las estructuras de la multinacional Nestlé. A mediados de los 70, luego de recorrer algunos países comunistas, ingresó a la guerrilla de las Farc. A principios de los ochenta logró escalar y hacer parte del Estado Mayor de esta organización. En los últimos años se había convertido en el alfil mediático de las Farc.

Ahora viene el traspié diplomático del gobierno colombiano, cuya información sobre los hechos fue confusa en primera instancia. El mismo día de la operación (01-03-08), el presidente Uribe, vía telefónica, “puso al tanto” de lo sucedido en la frontera a su homólogo del Ecuador, quien al parecer se muestra flexible. Uribe lo tranquilizó diciéndole que el bombardeo se había hecho desde territorio colombiano luego de que las tropas fueran atacadas por las Farc desde territorio ecuatoriano, y que con el ánimo de recuperar el cuero de “Reyes” las tropas avanzaron 1800 metros sobre la frontera.


Restos del campamento en territorio ecuatoriano donde fue dado de baja alias "Raúl Reyes", el florero de la crisis.

Al día siguiente (02-03-08), cuando a través de los medios de comunicación se conocieron detalles sobre la “operación Fénix” que confirmaban la hipótesis de que había sido premeditada y que se presentó un bombardeo por parte de militares colombianos dentro de territorio ecuatoriano, el presidente Correa, luego de recibir el espaldarazo del presidente Chávez, levantó nota de protesta contra el gobierno de Colombia y prometió ir hasta las últimas consecuencias. De inmediato la cancillería colombiana, a través de un comunicado, pidió excusas al gobierno ecuatoriano por haber invadido su territorio y de paso solicitó cooperación del vecino país.

El segundo momento de tensión se da un par de horas más tarde, cuando el director de la Policía Nacional, el general Naranjo, denunció ante la opinión los posibles nexos existentes entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela con la guerrilla de la Farc, según información hallada en la computadora de “Reyes”, recuperada el día de la operación por el ejército colombiano. Lo que parecía ser una prueba ante el mundo y una justificación de la violación de la soberanía ecuatoriana, resultó ser la chispa en el cañaveral que no estuvo lejos de suscitar un colapso en económico y una confrontación bélica en la región.


El gerenal Naranjo, director de la Policía Nacional, presentó los documentos que según el gobierno colombiano demostraban los vínculos entre Ecuador y las Farc.

Las reacciones de contingencia de los vecinos no se hicieron esperar. El presidente Correa rechazó las excusas del gobierno ecuatoriano, expulsó al embajador colombiano en Quito e inició la búsqueda de apoyo de los países latinoamericanos. Por su parte, el presidente Chávez, en su tradicional Aló Presidente, tuvo un pretexto válido para una vez más arremeter contra Colombia: además de utilizar sus conocidos epítetos nada diplomáticos contra el presidente Uribe, anunció el cierre de la embajada en Bogotá y acompañó un minuto de silencio por “Reyes”, según él, un buen revolucionario cobardemente asesinado. Luego ordenó movilizar 10 batallones a la frontera con Colombia, aproximadamente 9 mil soldados, y amenazó con enviar algunos Sukoy (aviones de combate rusos) a Colombia si una escena similar llega a presentarse en territorio venezolano.


El presidente Chávez ordenó el desplazamiento de tropas venezolanas a la frontera con Colombia y amenazó al gobierno de Uribe de atacarlo si intentaban algo parecido en su territorio.

En la noche, el Canciller colombiano volvió a pronunciarse, pero contrario a los que se esperaba si se observan las frecuentes actuaciones poco calculadas del gobierno colombiano durante los últimos días, el funcionario, con buenas muestras de diplomacia, se limitó a explicar la crisis y se abstuvo de dar respuesta a las amenazas y ofensas del mandatario venezolano. El gobierno venezolano ordenó también suspender las operaciones de importación y exportación de productos en las aduanas de San Antonio de y Ureña, en el Estado Táchira, produciendo casi un inmediato problema de desabastecimiento en la frontera y un incremento en los costos de vida de la población fronteriza.

Ante la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador y el cierre de la frontera con Venezuela, los principales gremios empresariales (03/03/08) hicieron un llamado a la prudencia y a la utilización de las vías diplomáticas para superar la crisis que empieza a tener serias repercusiones sobre la economía de la región. Las relaciones comerciales con ambos países representan para Colombia exportaciones de más de 8 mil millones de dólares al año. Las pymes colombianas tienen negocios con Venezuela y de Ecuador por 6 mil millones de dólares y dos mil empresas colombianas que tienen un tratamiento exclusivo en Ecuador podrían también verse afectadas. A su vez, Ecuador también se vería afectado si lo diplomático pasa al plano comercial debido a que importa materias primas para la producción textilera y depende en un 50% de la energía proveniente de Colombia, que le representan al país siete millones de dólares.

Retornando al campo de las relaciones internacionales, el gobierno ecuatoriano negó cualquier tipo de relación con las Farc y canceló relaciones diplomáticas definitivas con Colombia y el gobierno de Venezuela expulsó al embajador de Colombia en Caracas. El gobierno colombiano continuó dando más detalles sobre las cartas encontradas en el computador de “Reyes” en las asegura hay evidencias de una donación de 300 millones de dólares del presidente Chávez a las Farc.



Las reacciones de contingencia continuaron. El presidente Uribe anunció (04/03/08) que instauraría una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario venezolano por “cooperar intencional y sistemáticamente con una organización terrorista”, argumentando que tiene pruebas suficientes halladas en el computador de “Reyes” recuperado por el Ejército luego de la incursión en territorio ecuatoriano. El mensaje político fue claro. Uribe, quien fue diplomático en su lenguaje al referirse a las hermanas naciones de Ecuador y Venezuela, quiso marcar la ruta del proceso y demostrar a la comunidad internacional la verdad de sus argumentos y obtener más apoyo en su lucha contra el “terrorismo”.

Ese mismo día, pese a las intenciones de paz que aducía Chávez Frías, 9 mil de sus soldados se apostaron sobre la zona fronteriza y se aumentaron las restricciones a las importaciones desde el vecino país. En un gran acierto diplomático bien visto por la comunidad internacional, el gobierno colombiano se abstuvo de enviar tropas a la frontera.

La crisis económica y comercial retornó a la agenda internacional luego de que en una rueda de prensa concedida por Chávez y Correa en Caracas (05/03/07). El primero amenazó con nacionalizar algunas empresas colombianas presentes en su país y afirmó que no les compraría más arroz. Acto seguido retó a Uribe para que ambos se presenten ante la CPI para ver quien sale condenado y, para terminar, reiteró su apoyo al presidente de Ecuador y negó haber financiado grupos al margen de la ley. Este nuevo hecho suscitó ánimos al presidente de EU para iniciar un nuevo lobby en el congreso de su país para que sea aprobado cuanto antes y por razones de seguridad de Colombia, en TLC entre ambos países.


La crisis diplomática provocó desabastecimiento de alimentos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Los gremios económicos tuvieron que hacer llamados a la cordura.

Al terminar el día, y luego de casi de tres días de debate en concejo de la OEA realizado en Washington, se vislumbraron los primeras luces de acercamiento y superación del impase diplomático debido a la flexibilización conjunta de los países latinoamericanos. En su resolución, esta organización multilateral reafirmó el principio de que el territorio de un estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación bajo ninguna circunstancia, pero para sorpresa de la comunidad internacional, no condenó la actuación de Colombia, lo que implícitamente lleva a pensar en el apoyo y/o comprensión de las Américas a la actuación del gobierno colombiano y su fuerza pública.

La OEA también determinó crear una comisión encabezada por el Secretario General y cuatro embajadores designados por este para visitar la zona de frontera donde ocurrió el deceso de alias “Reyes” con el objetivo de presentar un informe el próximo 17 de marzo ante la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en la sede de la OEA, en la que propondrán fórmulas de acercamiento entre ambas naciones. Por su lado, en una rueda de prensa concedida a directores de medios colombianos y a reporteros internacionales, el presidente Uribe condicionó su compromiso de no repetir actuaciones como las del primero de marzo si los países vecinos se comprometan a no albergan terroristas dentro de su territorio.

La última braza del fuego fue aportada por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua (06/03/08), con quien el gobierno colombiano adelanta un litigio fronterizo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por el diferendo limítrofe en el meridiano 82. En rueda de prensa en Managua, acompañado del presidente Correa, Ortega anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Uribe Vélez y se sumó a la campaña de su homólogo ecuatoriano de condenar a Colombia por la incursión en su territorio que terminó con la muerte de “Raúl Reyes”.


Durante la Cumbre de la OEA se dió el histórico abrazo entre los mandatarios Hugo Chávez y Álvaro Uribe, bajando el tono de la crisis

La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador, endosada por Venezuela y Nicaragua, no tuvo mayores repercusiones sociales, económicas y políticas debido a que pronto la diplomacia se impuso a las acusaciones. La Cumbre de Grupo de Río realizada en Santo Domingo (07/03/08) inició con grandes expectativas. Ese día se definiría el curso de las relaciones diplomáticas entre tres pueblos hermanos y vecinos, con historia, idioma, cultura y costumbres comunes; pero con gobiernos con proyectos políticos disímiles.

Luego de que cada mandatario retomara las diferentes acusaciones hechas en los últimos días, esta vez en un tono menos hostil y el presidente Uribe pidiera una vez más excusas al gobierno ecuatoriano y aceptara retirar la denuncia contra el presidente Chávez ante la CPI, los demás gobiernos se comprometieron a no cooperar con grupos insurgentes.


Sobraron las palabras con la mirada que le hizo el mandatario ecuatoriano, Rafaél Correa al presidente Uribe en la Cumbre de la OEA

Por momentos, durante la Cumbre, cada mandatario tuvo la razón: Correa hizo bien en indignarse por la violación de su soberanía, era su obligación como Jefe de Estado; Chávez acertó al decir que el conflicto colombiano no tienen salida militar; Ortega afinó al señalar que el conflicto interno colombiano ha iniciado una escalada hacia los países vecinos; y el presidente Uribe, al afirmar que los vecinos deben cooperar para que el pueblo colombiano pueda hallar la salida del túnel que atraviesa.

Nuevas propuestas han surgido, como la de militarizar con cacos azules las fronteras, sin embargo, este será otro tema de debate. Por el momento las relaciones diplomáticas se han vuelto a restablecer, las fronteras han sido desmilitarizadas y la actividad comercial empieza a retomar a su natural cause. Todo parece indicar que, por el momento, ha llegado la calma.


El histórico concierto realizado por Juanes y artistas amigos en la frontera fue un clamor mundial por la reconciliación definitiva de los pueblos hermanos de América

-Fotografías:Internet

PROFESIONALIZACIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA

Oscar Andrés Sánchez A.

La década de los 60 fue quizás la más significativa del siglo XX para el periodismo antioqueño. En 1961 inicia actividades la nueva Escuela de Periodismo de la Universidad de Antioquia, primera en el departamento y segunda en Colombia, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación y unos meses después, a finales de octubre de 1962, se conforma el CIPA, gremio pionero del periodismo antioqueño. Amabas instituciones comparten fundadores, tienen objetivos concomitantes y responden a un contexto socio político específico en la historia del país.

Ilustración: Internet

Una nueva etapa en la política del país parecía tomaba curso. El gobierno era presidido por el primer gobierno del Frente Nacional en cabeza de Alberto Lleras Camargo (1958-62). Los conservadores y liberales habían decidido apaciguar la violencia y para ello pactaron repartirse la burocracia y el poder político. Fue la época también del surgimiento de agremiaciones de diversa índole, amparados en respeto que el nuevo marco institucional ofrecía a las diferentes expresiones del pensamiento. La represión a la prensa había superado su momento más álgido, pero la amenaza continuaba latente.

Entre 1946 y 1953, luego de tres lustros de hegemonía liberal, los conservadores intentaron de nuevo cristianizar la sociedad. Aunque Mariano Ospina no era un conservador tradicional y su candidatura tuvo apoyo liberal, los hechos ocurridos el 09 de abril de 1948 obligaron a imponer un sello conservador al Estado y sus instituciones. En Antioquia, desde 1946, el gobernador de Antioquia, Dionisio Arango Ferrer, había iniciado una persecución contra todos los liberales que ocupaban cargos públicos en todos los niveles departamentales. La U de A no escapó de la “cacería de brujas”.

En 1947, por ejemplo, fue destituido de la Universidad de Antioquia el ex rector y reconocido académico Julio César García, director del Instituto Filológico. Le cobraron su cooperación con la anterior República Liberal. Este hecho causó malestar entre diversos estamentos de la sociedad. El Instituto Filológico desapareció temporalmente en 1951, durante el gobierno de Laureano Gómez (1950-51) y en su lugar fue creado en honor de un ex presidente conservador el efímero Instituto Marco Fidel Suárez de Investigaciones Científicas, dedicado a la divulgación y fomento de las ciencias sociales. Este y otros hechos hicieron que la dirigencia liberal fundara la Universidad de Medellín.

Otras instituciones corrieron la misma suerte. Unas fueron cerradas, otras reorientadas y varias pasaron de nuevo a la tutela de comunidades religiosas. Por otro lado, la dirigencia conservadora y las directivas del claustro celebraron en 1953 el sesquicentenario del Alma Mater, asociando la fundación del claustro al inició de actividades en 1803 del Colegio de la Nueva Fundación de San Francisco de Medellín, y no a la iniciativa del general Santander, como lo habían conmemorado los liberales.

Pese a todos los dardos lanzados desde las instituciones y de la prensa, a través de periódicos como El Colombiano, La Defensa, El Obrero Católico…, a mediados de los 50 un buen número de sectores de la sociedad y la Universidad le habían apostado a la secularización. El cine, la televisión y la radio de la época contribuyeron en este propósito. Por otro lado, se consolidaba una dirigencia económica corporativa agremiada que había roto relaciones con la clase política culpándolos de prologar el retraso y la violencia.


En marzo de 1954 el dictador Rojas Pinilla amordazó al periodismo, prohibió interpretar los hechos y publicar ideas adversas al régimen


Siguiendo a la socióloga e investigadora María Teresa Uribe de Hincapiés, “en la Universidad de los años cincuenta convergían tres procesos en franca evolución: el ideal de modernización y desarrollo, la secularización de la vida social en las grandes ciudades y la emancipación de la ciencia de su centro sacro (…) Lo paradójico de este abigarrado período consistió en que, bajo un modelo autoritario, en una de las mayores crisis políticas del siglo XX y en medio de una guerra civil no declarada, la Universidad conservadora abriera sus puertas a las grandes transformaciones de los años sesenta”.

A mediados de los cincuenta, época de constante censura a la prensa y de una confrontación partidista que se había degenerado en violencia, los periodistas antioqueños, empírico en un 95%, intentaron sin éxito agruparse a través del APA (Asociación de Periodistas de Antioquia), pero los conflictos internos impidieron que fuera vinculante y se vio abocada pronto al receso. Además de carecer de una agrupación que respaldara su trabajo, el periodismo si bien se consideraba más intelectual y social, era visto como un oficio de segunda categoría, que carecía de una formación estructurada.

La movilización de los estudiantes en mayo de 1957 en contra del régimen y a favor del gobierno civil en las llamadas “jornadas de mayo” y el paro en todo el país fueron hechos decisorios para que Rojas Pinilla transfiriera el poder a una Junta Militar, como antesala del Frente Nacional, que estuvo vigente hasta 1974. Por otro lado, a mediados de 1953 se creo la Facultad de Ciencias de la Educación que en 1967 paso a llamarse Facultad de Ciencias y Humanidades. En 1980 es eliminada y creada la Facultad de Ciencias Humanas, de donde se desmembraría en 1990 la Facultad de Comunicaciones.

En mayo de 1960 se llevo a cabo en Quito la Conferencia Interamericana de Prensa, realizada por la CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, con apoyo de la UNESCO. Fernando Gómez Martínez, director del periódico El Colombiano, asistió por Medellín. Una de las principales recomendaciones del encuentro fue crear escuelas de periodismo en las universidades latinoamericanos para cualificar y profesionalizar lo que hasta entonces era sólo un oficio. Las ideas pronto tuvieron eco en la ciudad de Medellín.


Julián Pérez Medina fue uno de los fundadores y primer presidente del Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA


Cuatro meses después de la Conferencia de Quito, Julián Pérez Medina, un periodista avezado y reconocido, y que recientemente había incursionado en la política como Diputado del departamento, presentó ante la Duma un proyecto de ordenanza para que se destinaran 50 mil pesos para la creación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Antioquia. El 5 de diciembre de 1960 fue creada oficialmente y en febrero del año siguiente inició actividades con 9 estudiantes, 8 mujeres y un hombre, y profesores todos empíricos, luego de una campaña de Carlos Puerta, primer director de la Escuela por los colegios de Medellín. Según Puerta los bachilleres consideraban que el periodismo era un oficio que no requería estudios universitarios.

La periodista Marina Henao Cano, presidenta del CIPA y egresada en los 70 del programa Ciencias de la Información, como pasó a llamarse la carrera, recuerda las palabras que años después pronunciaba Pérez Medina, uno de los fundadores del pregrado y de los primeros profesores de la escuela, para justificar la creación de la Escuela de Periodismo: “Nosotros éramos buenos, pero empíricos, y la sociedad era cada vez más compleja. Había que crear una escuela para cualificar académicamente a los futuros periodistas, para que éstos pudieran discernir en que consistía la profesión y que tenía que ver con la sociedad. Además venían desarrollos tecnológicos que obligaban a introducir al periodismo al campus universitario”.

La influencia partidista y el surgimiento de las guerrillas, eran dos retos fundamentales para el ejercicio del periodismo de la época. A esto se suma la imparcialidad de muchos periodistas debido a sus influencias políticas. Aunque había excepciones, algunos eran miembros reconocidos de los partidos políticos, herencia del origen partidista de la prensa colombiana. No obstante, la mayor parte de los periodistas hacían buenos registros del partido contrario. En la Escuela de Periodismo se hizo gran énfasis en la ética periodística para la formación de las nuevas generaciones de periodistas.

Los fundadores de la Escuela de Periodismo compartían su vida entre los medios de comunicación y la naciente escuela. Sin embargo, algunos miembros del extinguido APA, y periodistas alternativos, añoraban una agremiación regional de periodistas que defendiera la libre expresión y dignificaran el oficio o profesión. Con el objetivo de materializar la idea se reunieron 30 periodistas a finales de octubre de 1972 en las oficinas del periódico El Tiempo en Medellín y dieron origen al Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA. Muchos de sus fundadores habían sido abanderados de la Escuela de Periodismo, como el profesor Julián Medina y José Jaramillo Alzate.


Mesa Directiva durante la ceremonia de los premios a la Excelencia Periodística, CIPA, el 04 de agosto de 2008.

La directora actual del CIPA, Marina Henao, resalta que este gremio jamás ha cerrado sus puertas, pese a no tener un proyecto sostenible ni unos ingresos fijos: “Cada uno le aporto algo para la capitalización del CIPA. Este gremio le dio cabida a todas las tendencias políticas, económicas y culturales. De esta manera nuestros pronunciamientos frente a la libertada de prensa estaban más respaldados, pues representaban el consenso de muchas mentes.

El periodismo en los sesenta era más intelectual, se dividía entre la bohemia y la creatividad y se vivía con pasión la búsqueda de la noticia, actividad considerada un servicio y no una mercancía”. Pese a que las nuevas generaciones de periodistas poco se identifican con el CIPA, La Escuela de Periodismo, hoy pregrado de periodismo, comparte un origen común con la fundación de éste gremio. Miembros de ambas instituciones elaboraron la propuesta de luego pasaría a convertirse en la Ley 51 de 1975, que reglamentó el periodismo en Colombia hasta finales de los noventa.


Fuentes:

PEÑA, Luís Guillermo. “Reseña histórica del CIPA”. En: Revista Cuartillas, número 15. Medellín: diciembre de 2007, pág. 127.

VERGARA, Andrés. “Facultad de Comunicaciones: Del caos a la polifonía”. En: Crónicas Universitarias. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1998, pág. 55

MEDINA, Gonzalo. “La Escuela de Periodismo”. En: Universidad de Antioquia, historia y presencia. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1998, Págs.

URIBE DE H, María Teresa, Coordinadora académica. “Los Tiempos de las dictaduras: modernización autoritaria”. En: Universidad de Antioquia, Historia y Presencia. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, septiembre de 1998, Págs., 445 ss


-Fotografías: CIPA