Oscar Andrés Sánchez A.
Febrero de 2008
Es común pensar que sólo existe guerra en los países del Medio Oriente, en África o en la Franja de Gaza donde, como se ve a través de la televisión, los estallidos en sitios públicos son usuales, y millones de personas han tenido que refugiarse en otros países. Aunque en condiciones diferentes, el caso colombiano no es nada alentador. Ocupamos el segundo lugar en desplazamiento interno en el mundo.
Miles de ciudadanos han tenido que salir de sus tierras por represalias de actores armados ilegales. Muchos pasan de ser campesinos a mendigos de la ciudades colombianas.
El Suroeste antioqueño no es ajeno a la realidad histórica del campo colombiano, caracterizada desde la Colonia por la alta concentración de la tierra. Esta problemática provocó el surgimiento de los movimientos obreros de principios del siglo xx y la agudización del actual conflicto armado.Los intentos de una reforma agraria en Colombia, desde la ley 200 de 1936 hasta 160 de 1994, se han visto truncados por la oposición de los latifundistas y las élites gobernantes, que han defendido sus intereses y los de los inversionistas extranjeros, en detrimento de los sectores rurales menos favorecidos.
Hace un par de semanas se conmemoró el día mundial del refugiado, es decir, de los que han tenido que cruzar sus fronteras. En Colombia, los medios de comunicación dieron diversas cifras que reflejan la magnitud del desplazamiento interno, oportunidad propicia para reivindicar los derechos de los desplazados por el conflicto interno, revictimizados por la sociedad y tratados como “bandidos, pobres o indigentes”.
Según la Acnur (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), después de Sudán (con cinco millones), Colombia, (con tres, 23% del total), es el país con más desplazados. Las cifras del Sistema Único de Registro de Acción Social (oficiales) no llegan a dos millones. Para la ONG Codhes, entre 1985 y 2006 fueron desplazadas 3,8 millones de personas, de las cuales, el 53% corresponde a mujeres y el 54% son niños menores de 18 años.
El Incoder, encargado de adjudicar tierras a los desplazados, resulta ser un botín político del cual disfrutan algunos congresistas; y las ayudas dadas por el Estado, fuera de ser miserables, se restringen cada vez más. En efecto, el Plan de Desarrollo aprobado recientemente no prevé los recursos suficientes y se limita a subsidios que el gobernante puede distribuir como favores y no como derechos. En Medellín Acción Social rechaza el 40% de las solicitudes por “extemporaneidad e inconsistencia de datos” para los deplorables subsidios.
Centenares de desplazados no se acercan a las oficinas de registro del Estado. Muchos temen denunciar y prefieren buscar las periferias de las ciudades o, con un letrero sobre su cuello, ocupar con toda su familia una esquina o un semáforo, solicitando ayuda, o abordar un bus, luego del sermón del conductor, para vender golosinas. Y lo peor, muchos son vistos como una amenaza, pues para muchos, “algo habrán hecho”. Esta situación los revictimiza.
Las cifras oficiales sobre el número de desplazados en Colombia haN sido cuestionadas por varias ONGs. Muchas de estas personas ni si quiera se registran.
Es común pensar que sólo existe guerra en los países del Medio Oriente, en África o en la Franja de Gaza donde, como se ve a través de la televisión, los estallidos en sitios públicos son usuales, y millones de personas han tenido que refugiarse en otros países. Aunque en condiciones diferentes, el caso colombiano no es nada alentador. Ocupamos el segundo lugar en desplazamiento interno en el mundo.
Miles de ciudadanos han tenido que salir de sus tierras por represalias de actores armados ilegales. Muchos pasan de ser campesinos a mendigos de la ciudades colombianas.
El Suroeste antioqueño no es ajeno a la realidad histórica del campo colombiano, caracterizada desde la Colonia por la alta concentración de la tierra. Esta problemática provocó el surgimiento de los movimientos obreros de principios del siglo xx y la agudización del actual conflicto armado.Los intentos de una reforma agraria en Colombia, desde la ley 200 de 1936 hasta 160 de 1994, se han visto truncados por la oposición de los latifundistas y las élites gobernantes, que han defendido sus intereses y los de los inversionistas extranjeros, en detrimento de los sectores rurales menos favorecidos.
Hace un par de semanas se conmemoró el día mundial del refugiado, es decir, de los que han tenido que cruzar sus fronteras. En Colombia, los medios de comunicación dieron diversas cifras que reflejan la magnitud del desplazamiento interno, oportunidad propicia para reivindicar los derechos de los desplazados por el conflicto interno, revictimizados por la sociedad y tratados como “bandidos, pobres o indigentes”.
Según la Acnur (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), después de Sudán (con cinco millones), Colombia, (con tres, 23% del total), es el país con más desplazados. Las cifras del Sistema Único de Registro de Acción Social (oficiales) no llegan a dos millones. Para la ONG Codhes, entre 1985 y 2006 fueron desplazadas 3,8 millones de personas, de las cuales, el 53% corresponde a mujeres y el 54% son niños menores de 18 años.
El Incoder, encargado de adjudicar tierras a los desplazados, resulta ser un botín político del cual disfrutan algunos congresistas; y las ayudas dadas por el Estado, fuera de ser miserables, se restringen cada vez más. En efecto, el Plan de Desarrollo aprobado recientemente no prevé los recursos suficientes y se limita a subsidios que el gobernante puede distribuir como favores y no como derechos. En Medellín Acción Social rechaza el 40% de las solicitudes por “extemporaneidad e inconsistencia de datos” para los deplorables subsidios.
Centenares de desplazados no se acercan a las oficinas de registro del Estado. Muchos temen denunciar y prefieren buscar las periferias de las ciudades o, con un letrero sobre su cuello, ocupar con toda su familia una esquina o un semáforo, solicitando ayuda, o abordar un bus, luego del sermón del conductor, para vender golosinas. Y lo peor, muchos son vistos como una amenaza, pues para muchos, “algo habrán hecho”. Esta situación los revictimiza.
Las cifras oficiales sobre el número de desplazados en Colombia haN sido cuestionadas por varias ONGs. Muchas de estas personas ni si quiera se registran.
De acuerdo con la Red de Solidaridad Social, entre 1995 y 2003 se registraron 7888 desplazados en el Suroeste. En los municipios que conforman nuestra diócesis se reportaron 1200, siendo los municipios más afectados, Caldas (con 544), Santa Bárbara (436), Angelópolis (115) y Montebello (73). Estas cifras aumentarían si se sumaran todas las víctimas que dejó la reciente invasión paramilitar que obligó a muchas personas a salir de sus municipios.
Mientras las víctimas del conflicto son relegadas al ostracismo social, los victimarios reciben toda clase de prebendas. A Granda, casi se le arrodilla el gobierno para que abandonará las rejas y aceptara ser embajador de la paz (con esto último no se pudo); y ahora anda de asueto en Cuba, mientras que los secuestrados continúan en la selva y los desplazados en la ignominia. Los beneficios legales para los factores reales de poder son injustificables si no se ayuda a las víctimas.
Cada uno de los 36 mil reinsertados recibe 340 mil pesos mensuales, además de algún apoyo para educarse y conseguir trabajo. Pero los dos millones de desplazados que reconoce el gobierno o los tres millones que reporta la ONU, tienen que arreglárselas con nada o con los mismos subsidios que recibe cualquier persona pobre -es decir que no reciben nada por el hecho de ser víctimas. La actual política se seguridad democrática es ineficiente para la alcanzar la verdad, la justicia y la reparación.
Fuera ser condenados a vivir en la pobreza y sin reparación, los desplazados son víctimas de la mayor impunidad. Según Julio Roberto Meier, representante en Colombia de la Acnur, entre 2004 y 2006 sólo hubo una condena por cada cuatro mil desplazamientos. Para la antropóloga y politóloga Gloria Naranjo Giraldo, el desplazamiento es un fenómeno que combina éxodos familiares e individuales, silenciosos y no visibles; huidas temporales y retornos azarosos o abandono definitivo de los lugares de origen y residencia.
Los niños son quienes más sufren las consecuencias del conflicto que ni siquiera comprenden. Sus estudios y sus sueños se ven truncados.
Las causas del desplazamiento forzado son diversas: las presiones por la tierra; el afán de grupos armados en controlar corredores estratégicos; los intereses de diversos grupos por apropiarse de zonas ricas en metales preciosos, productos energéticos o cultivos de alucinógenos. Los intereses particulares se confunden con los asuntos de la guerra pública sin que sea posible establecer una línea diferencial entre lo político - militar y lo privado.
Luego de que la ONU publicara recientemente las cifras ya mencionadas, Hill Frelick, Director de Políticas para los Refugiados de Human Rights Watch dio a la BBC la siguiente declaración: "Espero que la gente vea a los seres humanos ante todo como seres humanos con derechos, y eso es universal. Todos sangramos de color rojo. Tenemos que reconocer que el sufrimiento es universal y que cualquiera podría en algún momento convertirse en una víctima".
Según el DANE, el 13% de las fincas colombianas posee el 73% de la tierra, de la cual sólo se destina a la actividad agrícola un 9.5%, mientras un 46% de las fincas (las de menor tamaño) poseen un 3.2% de la tierra, de las que el 38.6% son dedicadas al cultivo; el 53% del total de la tierra registrada, es decir casi 44 millones de hectáreas, está concentrada en 2.428 terratenientes.
Los desplazados no han salido de sus tierras por capricho. No son indigentes ni deben suscitar sentimientos de lástimas a la sociedad o al Estado. Claman porque se les reconozca sus derechos y se le repara su condición de víctima del conflicto que el Estado no ha podido o no ha querido detener.
-Fotografías: Internet
No hay comentarios:
Publicar un comentario