Juan Diego Restrepo
Ronald Castañeda
Con la Nueva EPS inicia una nueva era para la salud de los colombianos. Ya existen cuestionamientos sobre su servicio.
Johana se encuentra en la habitación 207 de la sala de Cuidados Especiales de la Clínica Las Américas. No es de estrato alto, como la mayoría de sus acompañantes; está afiliada al Seguro Social (hoy Nueva EPS). Su madre, Alba, luego de interponer una tutela contra la EPS, logró que a su hija la operaran de una lesión quística cerebral.
En mayo de 2006, después de sufrir la primera convulsión, el Seguro le diagnosticó epilepsia. Las recaídas continuaron y esta vez un médico indicó que Johana quería llamar la atención y la remitió al psiquiatra y éste, al psicólogo. Las convulsiones y la angustia de sus padres continuaron.
A finales de mayo fue llevada de nuevo a la clínica León XIII. Allí le practicaron un TAC simple y le descubrieron el quiste. La resonancia magnética que necesitaba se la hicieron en septiembre mediante tutela. A este mecanismo tuvieron que recurrir de nuevo porque en clínica no había anestesiólogos. Después de un arduo trabajo Alba Quintero consiguió que su hija fuera intervenida en Las Américas.
A rey muerto…
El primero de agosto de 2008 dos millones 484 mil colombianos afiliados al Seguro Social empezaron a recibir atención por una nueva empresa prestadora de salud llamada Nueva EPS. Luego de casi 60 años de funcionamiento del ISS ocurrió lo esperado, su deceso.
La corrupción y el clientelismo la liquidaron paulatinamente, sin mucho dolor y ante la mirada impotente de sus afiliados. Según Álvaro Pérez, gerente de la Nueva EPS, Regional Noroccidente, “las dinámicas de la administración respondieron a cuotas políticas provocando altos niveles de corrupción. Esa es la forma de operar de las entidades del sector público, y en menor escala en el privado.
La Nueva EPS es una entidad anónima conformada por seís cajas de compensación familiar, de capital privado social y que tienen mayoría accionaria. Ellas son Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfandi, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle. También cuenta con inversión de la aseguradora Previsora Vida, empresa estatal y comercial del Estado del orden nacional.
Imágen corporativa de la Nueva EPS. El Seguro Social no fue para siempre.
La Nueva EPS cuenta con 140 empleados encargados de la parte administrativa en la regional noroccidente de Medellín, entre los cuales hay un grupo especial para atender quejas y raclamos. Los demás municipios de Antioquia son atendidos por cada uno de los hospitales, Empresas Sociales del Estado, ESE. Además, no cuenta con IPS propias sino que las contrata.
“Las condiciones de atención son mejores hoy que cuando operaba el ISS. Los usuarios de alto costo no tienen porqué preocuparse; algunos usuarios incluso están recibiendo medicamentos que no tenían desde hace dos años. Las cajas de compensación son las mejores operadoras del mercado porque tienen la experiencia y la logística”. Asegura Pérez, y agrega que “La Nueva EPS recibe diariamente en la regional un promedio de siete tutelas por medicamentos, antes llegaba a 40.”
Pero no todos el color rosa. Continúan presentándose demoras en la remisión de pacientes de alto costo en la atención. Aunque la Nueva EPS amplió su red, los usuarios acceden con dificultades a la atención dado el grave problema de déficit de camas y de especialistas que hay en la ciudad. “El paciente piensa que es por culpa de la EPS pero no es así. Hay la necesidad de ampliar infraestructura pero el Gobierno no lo va a hacer”. Afirmo Pérez.
El problema es grave porque el mercado no suple esas necesidades, evidenciando que el sector privado no responde a los requerimientos de los ciudadanos sino del negocio. Hay un déficit de 1400 camas según la Nueva EPS, y la falta de especialistas encarece los costos de hospitalización. En otras palabras, el
sistema se acomodó en su administración, pero las consecuencias reales para los pacientes, como la atención en niveles especializados, sigue siendo insuficiente.Para Germán Reyes, Representante a la Cámara y experto en temas de salud, es beneficioso que la mayoría de los pacientes que pertenecían al antiguo ISS sigan agrupados en la Nueva EPS, especialmente los que son de alto costo y que representan el 40% del total, para que juntos puedan presionar al sistema.
Germán Reyes, Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, en uno de los congresistas con posiciones más críticas frente al sistema de salud en Colombia
Calidad o rentabilidad
La ley 100 de 1993 (presentada por el entonces congresista Álvaro Uribe Vélez) posibilitó que la prestación de los servicios de salud pudiera ser ejecutada por particulares a través del régimen contributivo; mientras que los sectores como menos poder adquisitivo quedaron a cargo de las instituciones públicas a través del régimen subsidiado.
Para Peters Guy, en el texto La política de la burocracia, cuatro problemas incentivaron la mercantilización de lo servicios públicos a mediados de los ochenta: la escasez real de recursos por parte del sector público; cierta reacción ciudadana contra la administración y la burocratización del Estado; la naturaleza cada vez más centrífuga del gobierno y su estrecha relación con el sector privado; y las presiones a los estados de las organizaciones internacionales y el sector privado.
Según el constitucionalista de la Universidad Nacional, Albeiro Pulgarín, la “huída del derecho administrativo” se dio con la implementación del neoliberalismo y la globalización a la administración pública fueron allanadas en la Carta Política de 1991, pues permitió que el sector privado interviniera y negociara con los servicios públicos. La administración pública en Colombia dio un giro sistemático caracterizado por una legislación aperturista que introdujo criterios del mercado regulado a través de la descentralización y el ajuste fiscal de los entes territoriales.
Por otra parte, Edgar Varela, profesor de la facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, considera en su obra “La mercantilización de lo Público” que hasta economistas institucionalistas reconvertidos como Salomón Kalmanovitz niegan la posibilidad de que el neoliberalismo sea una política pública en Colombia, pues en las últimas dos décadas el tamaño del Estado se ha incrementado, contrariando uno de los principios del neoliberalismo.
Las medidas que se han aplicado a la salud pública en los últimos gobiernos, en lugar de mejorarla, la han encarecido. La base de la actual tragedia de la salud colombiana se encuentra en la Constitución Política de 1991, precedida por la ley de Descentralización Administrativa de los gobiernos de Betancur y Barco. Con Gaviria se inició la “Apertura económica”, con la que se profundizó la política de privatizaciones.
Todo parece indicar la Nueva EPS tiene las mismas falencias del extinto Seguro Social. Se cambio todo para que todo siguiera igual.
De igual manera, en la actual Constitución se evaporó el concepto de salud pública, -herramienta para prevenir las enfermedades y minimizar su impacto social y económico-, quitándole la responsabilidad al Estado de velar por la salud de la sociedad. De igual forma, la salud como derecho ciudadano es reemplazado por el de aseguramiento, es decir derecho a comprar o recibir servicios de salud.
Otro aspecto es el eufemístico copago, que no es otra cosa que la entrega de dinero por un servicio que se supone es gratuito. Para unos es una forma de desalentar al usuario para que no recurra mucho a su aseguradora. Otros piensan por el contrario que es una contribución simbólica sujeta al nivel económico que ayuda a financiar la salud de los menos favorecidos.
El artículo 48 de la Carta Política reza que la seguridad social está sujeta al principio ambiguo de eficiencia, que desde la perspectiva de la salud significaría capacidad terapéutica y preventiva del sistema, pero desde el punto de vista de empresa privada, significa capacidad óptima de reproducir el capital. La ley 100 de 1993 deja a un lado el Estado de bienestar y concibe políticas caritativistas que garantizan el negocio de los particulares que manejan dineros públicos con criterio privado.
Para el congresista Germán Reyes las EPS manejan el sistema negando servicios. “Por eso son las quejas de los usuarios por trámites o porque les niegan los recursos que el sistema les entregó. El estado les entrega el dinero y ellos, (las EPS) niegan el servicio. El modelo de salud basado en el aseguramiento favorece a los intermediarios que se quedan con el 25% del dinero que circula por concepto de salud, lo que representa 5 billones de pesos para las EPS con los que se podría mejorar la calidad de la salud”.
El modelo propuesto por la ley 100 se ha sostenido a expensas de la limitación en la entrega de medicamentos; la obstrucción al flujo de recursos a los prestadores (hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico) y el estímulo de la tutela para entregar medicamentos de alto costo, pues por esta vía reciben el 90% de su precio estipulado por la ley. Según el profesor Varela Barrios, la cobertura de salud en Colombia ha mejorado pero no logró los fines que inspiraron la ley 100.
Protestas en Bogotá contra la Nueva EPS en Junio de 2008. El general Palomino trató de concertar con los manifestantes. (Foto El Espectador)
Recientemente un fallo de la Corte ordena a las empresas prestadoras entregar los medicamentos que no se encuentren dentro del POS sin necesidad de presentar una acción de tutela. La ley 100 calculó los costos médicos con el objetivo de proporcionar a las empresas prestatarias un punto de equilibrio o ganancia media. De igual manera creo un innecesario esquema de intermediación financiera a través de las EPS, y estas a su vez contratan servicio medico y/o hospitalario de carácter privado a través de IPS.
Para Reyes la salud pública podría mejorar, pero con otro gobierno. Además, afirma que existen herramientas legales que deben ser difundidas, como el fallo de la Corte Constitucional en la sentencia 760 que reafirma que la salud como derecho fundamental y le exige al Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, y a las EPS que presten los servicios ordenados por la ley.
El servicio de la salud sigue perdiendo el examen por cuenta de los criterios privados. No atienden ciudadanos sino clientes, regulados por las reglas del mercado, la oferta y la demanda. Como la mayoría de las grandes empresas del país, está cada vez más en manos de intereses particulares. La política económica que se ha aplicado al sistema de salud con la liquidación del Seguro Social y la creación de la Nueva EPS continúa dejando en entredicho si la salud es un derecho fundamental universal o un privilegio limitado.
Imágenes: Internet
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