Oscar Andrés Sánchez A.
Enero de 2009
La economía colombiana no ha sido inmune ha la desaceleración de la economía mundial y en el 2009 se empezarán a sentir las vacas flacas. Durante la bonanza experimentada entre 2004 y 2006 el gobierno colombiano incrementó el gasto y por lo tanto el déficit fiscal. La calificación de riesgo podría no ser beneficiosa.
Atrás quedaron las buenas cifras registradas en años como 2005: inversión extranjera directa, US$ 4,100 millones, registro record; tasa de desempleo, 10,2%, promedio histórico; inflación, 4,85% anual, la más baja de los últimos cincuenta años; y un déficit fiscal del 1,2% del PIB. Por servicio a la deuda se invirtieron del PGN 87 mil millones de pesos en el 2004. Este uno de los principales indicadores para las calificadoras de riesgo. Estos registros macroeconómicos son los más favorables desde que Colombina perdió su “calificación de grado de inversión” en agosto de 1999.
Las calificadoras de riesgo tienen su origen en década del veinte en los Estados Unidos. Son empresas especializadas en evaluar la certeza de pago de capital e intereses de los activos, la existencia legal, la situación financiera del emisor y la estructura de la emisión, de países, empresas y emisores en general, con el fin de establecer el grado de riesgo de las emisiones. En América Latina se autorizó la primera calificadora de valores en 1988, en Chile, y luego en México, en 1990. En Colombia se hizo necesaria tras la apertura económica durante el gobierno de César Gaviria y tuvieron su marco legal a partir de 1991.
Entre el 2005 y el 2006, la política de seguridad del gobierno central había logrado recuperar la confianza de los inversionistas y empresarios. Un ambiente de bonanza y confianza institucional se pavoneaba, tanto que incluso se modificó sin dificultad la Constitución Política, para que el mandatario nacional pudiera reelegirse. Existía la percepción general de que la guerrilla era replegada y que mientras la Seguridad Democrática continuará, Colombia no viviría más escenas execrables y la economía continuaría en ascenso. En términos de calificadora, disminuiría el riesgo soberano.
Algunas calificadoras de riesgo elevaron sus “perspectivas de corto plazo”, sobre el país, ubicadas en el plano “negativo” y las posicionaron en una “visión estable”. Se llegó incluso a pensar que a corto plazo las calificadoras mejorarían la actual calificación de “riesgo especulativo”, ascendiéndola al “grado de inversión”, calificación de la que gozan algunos países latinos como Chile, México y El Salvador.
Algunos economistas más aterrizados consideraban que no pasábamos por el boom propagandístico que intentaba transmitir el gobierno. Para la Anif, si bien las cifras habían mejorado, algunos vecinos más pequeños como Perú y Panamá andaban mejor, y además, persistían problemas internos que no podían ocultarse y que opacaban el leve crecimiento económico. Se referían a los problemas persistentes en la estructura exportadora y fiscal, y a la carencia de reformas adecuadas en el campo tributario, pensional, laboral y territorial.
Las calificadoras de riesgo evalúan los compromisos financieros derivados de la emisión. Para ello tiene en cuenta elementos cualitativos, como el entorno macroeconómico, sector, posición competitiva, planes y estrategias, calidad de la administración, innovaciones tecnológicas, oportunidades de mercado y políticas de control y auditoría; y también cuantitativos, como el flujo de ingresos y egresos, aspectos contables, financieros, de mercado, proyecciones, productividad, proveedores, clientes, entre otros.
Según la resolución 400 de 1995 deben ser objeto de calificación los títulos inscritos en el RNVI (registro nacional de valores e intermediarios); los bonos ordinarios o papeles comerciales emitidos por las entidades del sector real; los bonos ordinarios o de garantía general emitidos por establecimiento de crédito; los valores emitidos en proceso de titularización; y los bonos de las entidades públicas, excepto los del Fogafín.
En el 2006 la calificadora Estándar Poors cambió la perspectiva (Outlook) de la deuda pública colombiana de estable a positiva y la Moody´s la pasó de negativa a estable. Estas decisiones responden al buen momento que atravesaba la economía colombiana y que avizoraba un repunte en las probabilidades de una elevación en la calificación de crédito del país. Según S&P el cambio en el Outlook del país se da por las buenas perspectivas económicas y la continuidad en la mejora de los indicadores externos del país.
La desaceleración experimentada por la economía colombiana durante el año pasado pone en riesgo la próxima calificación para el país. Para el primer semestre de 2008 el servicio a la deuda cayó en un 4,8%, según el PGN aprobado para el 2009; la producción manufacturera cayó en un 6,55% en 2008, frente al 13,8% de 2007. Según el Dane, la tasa desempleo subió a 10.8% en noviembre de 2008, lo que significa que 250 mil colombiano más se quedaron sin empleo.
La inflación en 2008 cerró en 7,67%, frente a la meta que oscilaba entre 3,5 y 4,5. El déficit fiscal también incrementará según la proyección de gasto para el 2009. Mientras el ejecutivo y el ministerio de hacienda se limitan a pedirle al emisor que baje las tasas de interés para no frenar el consumo, la generación de empleo y la reducción de pobreza; el Banco continúa en su tarea constitucional de hacerle frente a la inflación y ha reajustar las tasas para regular el consumo y no disparar la inflación.
Por otro lado, el riesgo soberano parece que no favorecerá al país. Pese a que las discrepancias entre las ramas del poder público y el escándalo de la parapolítica parecen haber cesado, existe una ambiente de incertidumbre política entorno al relevo presidencial o la reelección del presidente Uribe, luego del fallido referendo. A esto se suma el colapso de las pirámides que afectó a contribuyentes y empresas en todo el país; el reacomodamiento de estructuras paramilitares y del narcotráfico y a la presunta resurrección de las Farc.
Así las cosas, no será extraño que la próxima calificación para Colombia sea “por debajo de grado de inversión” o “grado especulativo”, y esto heriría de muerte la economía nacional.
La economía colombiana no ha sido inmune ha la desaceleración de la economía mundial y en el 2009 se empezarán a sentir las vacas flacas. Durante la bonanza experimentada entre 2004 y 2006 el gobierno colombiano incrementó el gasto y por lo tanto el déficit fiscal. La calificación de riesgo podría no ser beneficiosa.
Atrás quedaron las buenas cifras registradas en años como 2005: inversión extranjera directa, US$ 4,100 millones, registro record; tasa de desempleo, 10,2%, promedio histórico; inflación, 4,85% anual, la más baja de los últimos cincuenta años; y un déficit fiscal del 1,2% del PIB. Por servicio a la deuda se invirtieron del PGN 87 mil millones de pesos en el 2004. Este uno de los principales indicadores para las calificadoras de riesgo. Estos registros macroeconómicos son los más favorables desde que Colombina perdió su “calificación de grado de inversión” en agosto de 1999.
Las calificadoras de riesgo tienen su origen en década del veinte en los Estados Unidos. Son empresas especializadas en evaluar la certeza de pago de capital e intereses de los activos, la existencia legal, la situación financiera del emisor y la estructura de la emisión, de países, empresas y emisores en general, con el fin de establecer el grado de riesgo de las emisiones. En América Latina se autorizó la primera calificadora de valores en 1988, en Chile, y luego en México, en 1990. En Colombia se hizo necesaria tras la apertura económica durante el gobierno de César Gaviria y tuvieron su marco legal a partir de 1991.
Entre el 2005 y el 2006, la política de seguridad del gobierno central había logrado recuperar la confianza de los inversionistas y empresarios. Un ambiente de bonanza y confianza institucional se pavoneaba, tanto que incluso se modificó sin dificultad la Constitución Política, para que el mandatario nacional pudiera reelegirse. Existía la percepción general de que la guerrilla era replegada y que mientras la Seguridad Democrática continuará, Colombia no viviría más escenas execrables y la economía continuaría en ascenso. En términos de calificadora, disminuiría el riesgo soberano.
Algunas calificadoras de riesgo elevaron sus “perspectivas de corto plazo”, sobre el país, ubicadas en el plano “negativo” y las posicionaron en una “visión estable”. Se llegó incluso a pensar que a corto plazo las calificadoras mejorarían la actual calificación de “riesgo especulativo”, ascendiéndola al “grado de inversión”, calificación de la que gozan algunos países latinos como Chile, México y El Salvador.
Algunos economistas más aterrizados consideraban que no pasábamos por el boom propagandístico que intentaba transmitir el gobierno. Para la Anif, si bien las cifras habían mejorado, algunos vecinos más pequeños como Perú y Panamá andaban mejor, y además, persistían problemas internos que no podían ocultarse y que opacaban el leve crecimiento económico. Se referían a los problemas persistentes en la estructura exportadora y fiscal, y a la carencia de reformas adecuadas en el campo tributario, pensional, laboral y territorial.
Las calificadoras de riesgo evalúan los compromisos financieros derivados de la emisión. Para ello tiene en cuenta elementos cualitativos, como el entorno macroeconómico, sector, posición competitiva, planes y estrategias, calidad de la administración, innovaciones tecnológicas, oportunidades de mercado y políticas de control y auditoría; y también cuantitativos, como el flujo de ingresos y egresos, aspectos contables, financieros, de mercado, proyecciones, productividad, proveedores, clientes, entre otros.
Según la resolución 400 de 1995 deben ser objeto de calificación los títulos inscritos en el RNVI (registro nacional de valores e intermediarios); los bonos ordinarios o papeles comerciales emitidos por las entidades del sector real; los bonos ordinarios o de garantía general emitidos por establecimiento de crédito; los valores emitidos en proceso de titularización; y los bonos de las entidades públicas, excepto los del Fogafín.
En el 2006 la calificadora Estándar Poors cambió la perspectiva (Outlook) de la deuda pública colombiana de estable a positiva y la Moody´s la pasó de negativa a estable. Estas decisiones responden al buen momento que atravesaba la economía colombiana y que avizoraba un repunte en las probabilidades de una elevación en la calificación de crédito del país. Según S&P el cambio en el Outlook del país se da por las buenas perspectivas económicas y la continuidad en la mejora de los indicadores externos del país.
La desaceleración experimentada por la economía colombiana durante el año pasado pone en riesgo la próxima calificación para el país. Para el primer semestre de 2008 el servicio a la deuda cayó en un 4,8%, según el PGN aprobado para el 2009; la producción manufacturera cayó en un 6,55% en 2008, frente al 13,8% de 2007. Según el Dane, la tasa desempleo subió a 10.8% en noviembre de 2008, lo que significa que 250 mil colombiano más se quedaron sin empleo.
La inflación en 2008 cerró en 7,67%, frente a la meta que oscilaba entre 3,5 y 4,5. El déficit fiscal también incrementará según la proyección de gasto para el 2009. Mientras el ejecutivo y el ministerio de hacienda se limitan a pedirle al emisor que baje las tasas de interés para no frenar el consumo, la generación de empleo y la reducción de pobreza; el Banco continúa en su tarea constitucional de hacerle frente a la inflación y ha reajustar las tasas para regular el consumo y no disparar la inflación.
Por otro lado, el riesgo soberano parece que no favorecerá al país. Pese a que las discrepancias entre las ramas del poder público y el escándalo de la parapolítica parecen haber cesado, existe una ambiente de incertidumbre política entorno al relevo presidencial o la reelección del presidente Uribe, luego del fallido referendo. A esto se suma el colapso de las pirámides que afectó a contribuyentes y empresas en todo el país; el reacomodamiento de estructuras paramilitares y del narcotráfico y a la presunta resurrección de las Farc.
Así las cosas, no será extraño que la próxima calificación para Colombia sea “por debajo de grado de inversión” o “grado especulativo”, y esto heriría de muerte la economía nacional.
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